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El general Perón murió el 1º de julio de 1974 y su esposa y compañera de fórmula, María Estela Martínez de Perón, la vicepresidenta de la Nación, se hizo cargo del gobierno desde ese momento.
El 24 de marzo de 1976 el helicóptero que transportaba a la Presidenta hacia la residencia de Olivos fue desviado al Aeroparque Metropolitano en donde la esperaba una comitiva militar integrada por el general Villareal, el
contralmirante Santamaría y el brigadier Lami Dozo, quienes le informaron que había cesado en su cargo por decisión de las Fuerzas Armadas.
La presidenta fue embarcada en un avión militar que voló rumbo al Mesidor que era una residencia perteneciente a la gobernación de Neuquén.
En las primeras horas del 24 de marzo, las radios comenzaron a transmitir las habituales marchas militares a las que los argentinos estaban tristemente acostumbrados después del golpe de Estado del 16 de septiembre del 55 y
de los sucesivos derrocamientos de gobiernos surgidos de elecciones con el peronismo proscripto.
A las 3.40 horas se difundió la proclama firmada por los comandantes de las tres Fuerzas: el general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera y del brigadier Orlando Agosti anunciando el inicio del
Proceso de Reorganización Nacional.
Interrumpido el gobierno constitucional, la Junta de comandantes anunció las primeras medidas de gobierno, idénticas a las tomadas por el gobierno de la “revolución libertadora” en 1955: declaración de caducidad de los
mandatos de las autoridades constitucionales en el orden nacional, provincial y municipal; disolución del Congreso Nacional, de las legislaturas provinciales y de los consejos comunales; remoción de los miembros de la Corte Suprema y de los Tribunales superiores, disolución de los Partidos Políticos, intervención de la CGT y la CGE, disolución de las 62 Organizaciones; quedaba conculcado el derecho de huelga, la libertad de expresión, de reunión, de asociación, de prensa, de juicio; se comunicaba por radio y televisión que “será severamente reprimida toda
manifestación callejera”, “que todas las fuentes de producción y lugares de trabajo estatales y privados, a partir de la fecha, serán considerados de interés militar”, que la población se abstuviera de “transitar por la vía
pública en horas de la noche a fin de facilitar la acción de las Fuerzas Armadas”.
El día comenzó con la detención de dirigentes sindicales y de delegados estudiantiles; los sectores más combativos del Movimiento Obrero eran diezmados y sus dirigentes desaparecían mientras que los dirigentes ortodoxos eran detenidos y encarcelados. La Dictadura no hacía distinciones entre líneas internas del peronismo: todos eran “subversivos”.
El 31 de marzo el Poder Ejecutivo dicta la Ley de Prescindibilidad para la administración pública e intervienen doce sindicatos, entre ellos FOETRA, UOM, SMATA y SUPE. Los dirigentes sindicales que no renunciaban eran
acusados de estar involucrados en actos terroristas y juzgados bajo el Régimen de Consejos de Guerra Especiales.
El Congreso fue reemplazado por una Comisión de Asesoramiento Legislativo, integrada por tres oficiales superiores de cada arma. Esos nueve militares serían, en adelante, los que dictarían las leyes de la Nación.
El 2 de abril, el ministro de Economía presentaba su plan económico que consistía en disminuir el salario real y desmantelar el aparato productivo.
A las medidas del más duro liberalismo ortodoxo se agregó la devaluación del peso y el aumento del 30% de los combustibles.
El 23 de junio la Junta Militar dictó el”Acta de Responsabilidad Institucional” que la facultaba para juzgar a toda persona que la Junta considerara que había perjudicado a la Nación lo que significaba la pérdida de los derechos políticos y gremiales, la inhabilitación para ejercer cargos, de ejercer la profesión a personas vinculadas al gobierno anterior, entre ellos estaban María Estela Martínez de Perón, (Presidente de la Nación) Jorge Taiana (Ministro de Educación), Oscar Bidegain (Gobernador de la provincia de Buenos Aires), Esteban Righi (Ministro del Interior), José B. Gelbard (Ministro de Economía), Ricardo Obregón Cano (Gobernador de Córdoba), Lorenzo Miguel (Secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica), Casildo Herreras (Secretario General de la Confederación
General del Trabajo), Carlos Menem (Gobernador de La Rioja), Carlos Rukauf (Ministro de Trabajo) y Héctor J. Cámpora (Presidente de la Nación).
La política de la Junta Militar se podría definir en dos frases: sometimiento financiero y represión sangrienta.
En el mes de septiembre, la Comisión de Asesoramiento Legislativo promulgó la Ley 21.400 sobre paros obreros que penaba con 6 años de prisión al que participara en una huelga y con 10 años a los instigadores.
En nombre de la libertad y de la paz interior, el gobierno encarceló y asesinó a miles de argentinos y a diferencia de las dictaduras anteriores, esta vez agregó un horror mayor: secuestró familias enteras apropiándose de los hijos y se los robó sustituyendo su identidad. Para silenciar su accionar delictivo, no detenían a las personas legalmente sino que las hacían desaparecer. Como si no fuera suficiente, perseguían y asesinaban a los familiares de los detenidos y también les robaban sus bienes.
Si bien son famosos los casos de escritores famosos, de sacerdotes, de dirigentes y de periodistas de renombre, la mayor parte de los desaparecidos fueron obreros: el 32% de los desaparecidos fueron obreros de fábrica siguiéndoles los estudiantes en el 17%.
Ante la falta de respuesta de las autoridades, las madres de los desaparecidos comenzaron a reconocerse entre ellas al encontrarse en los mismos lugares: ministerios, comisarías, Juzgados, tratando de averiguar el paradero de sus hijos. Finalmente decidieron ir a entregar un pedido de audiencia a la Casa de Gobierno y se reunieron en la Plaza de Mayo. Todavía tenían esperanzas de encontrarlos.
Algunas buscaban a sus hijos casados que habían sido llevados con sus nietos o a hijas embarazadas. Ellas aún hoy, a veces con éxito, buscan a los hijos de sus hijos.
Como corolario final, llevaron a nuestros jóvenes de 18 años a una guerra contra las mayores potencias bélicas del mundo, con un saldo de dolor y muerte para las familias argentinas.
El Proceso de Reorganización Nacional, al igual que las dictaduras anteriores, destrozó la economía argentina y nos dejó un país en quiebra. Sin embargo, lo más cruel e irreversible sigue siendo la desaparición y el asesinato de 30.000 personas y la apropiación de bebés y niños, víctimas del terrorismo de Estado.
A pesar de los cerrojos, no pudieron silenciar el horror.
Desde este Instituto, en un nuevo aniversario de esa fatídica noche del 24 de marzo de 1976 que dio comienzo a ocho años de espanto, acompaña el recuerdo de tanto dolor y con fe en un futuro democrático para el pueblo
argentino, nos sumamos al deseo de todos: ¡Nunca más!

 

LORENZO A. PEPE
Diputado de la Naciòn
Secretario General
Ad-Honorem